Vecinos del municipio de Matanzas, en la provincia Peravia, protagonizaron una masiva manifestación durante la noche, tras denuncias de abuso que involucran a una niña haitiana de aproximadamente ocho años. El señalado por los residentes es el excoronel Nicolás Núñez, quien reside en la localidad.
Según la periodista Isabel Ciprián, entrevistada en el programa El Show del Mediodía, la comunidad ha tomado el caso como propio, bajo la consigna de que “los infantes no deben ser tocados”, exigiendo a las autoridades que actúen con rapidez y transparencia.
Entre la protesta y la presión social
El caso pone de relieve un fenómeno recurrente en pequeños municipios: cuando la justicia tarda o la información oficial es escasa, la ciudadanía asume un rol activo de vigilancia y presión social, organizando manifestaciones que buscan acelerar investigaciones.
Aunque las acusaciones aún no han sido confirmadas por el Ministerio Público ni por la Policía Nacional, la movilización refleja un rechazo contundente a cualquier abuso infantil y a la impunidad, así como la capacidad de los ciudadanos de usar la protesta como herramienta para demandar resultados inmediatos.
La noticia detrás de la noticia
Más allá de la acusación en sí, lo relevante es cómo comunidades pequeñas se convierten en fiscalizadores sociales, especialmente cuando los presuntos implicados son figuras públicas o exfuncionarios. Este tipo de dinámicas evidencia:
La desconfianza en la actuación inmediata de las instituciones.
La sensibilidad de la población frente a casos que afectan a menores.
La presión mediática y digital como catalizador de la movilización ciudadana.
Mientras se espera un pronunciamiento oficial, Matanzas se mantiene en alerta y su protesta sirve como recordatorio de que la sociedad civil puede marcar la agenda de justicia, incluso en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
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