La Romana, RD.–
Una unidad de interdicción migratoria de la Dirección General de Migración (DGM) ocupó equipos que presuntamente eran utilizados para la emisión de documentos falsos a favor de nacionales haitianos, durante un operativo realizado en esta provincia.
El hecho ocurrió el jueves 29 de enero, cuando agentes de Migración daban seguimiento a una persona sospechosa que, al notar la presencia de las autoridades, ingresó de manera apresurada a una vivienda ubicada en el sector Villa Pereira.
El individuo resultó ser un nacional haitiano.
Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron impresoras, computadoras y otros instrumentos, además de materiales que aparentan ser utilizados para la producción de documentos falsificados, algunos de los cuales fueron ocupados en el lugar.
Ante las irregularidades detectadas y al observar la huida de varias personas, la unidad de interdicción procedió a la incautación de los equipos, materiales y demás evidencias, las cuales quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.
La Dirección General de Migración informó que el caso será remitido para los fines legales correspondientes, conforme a las normativas vigentes.
La noticia detrás de la noticia
Este operativo vuelve a colocar bajo el foco una problemática conocida desde gobiernos anteriores: la existencia de redes de falsificación de documentos en La Romana, que, según denuncias históricas y versiones recurrentes en el ámbito de seguridad, no se limitan a simples carnets migratorios, sino que habrían llegado a imitar identificaciones policiales, militares e incluso uniformes.
Diversas voces han advertido que estos esquemas no operan de manera aislada, y que simples operativos puntuales difícilmente desmantelan estructuras más amplias, donde podrían confluir intereses económicos, complicidades y fallas de control institucional.
Incluso, de forma extraoficial, se ha señalado la presencia de personas con alto poder adquisitivo, vehículos de lujo y credenciales aparentes de organismos castrenses, utilizadas para confundir o burlar a las propias autoridades, una situación que, de comprobarse, revelaría un problema de mayor profundidad.
El caso plantea una pregunta clave:
👉 ¿Basta con incautar equipos o se requiere una intervención integral, sostenida y sin excepciones?
En Mirador Web entendemos que la falsificación de documentos no es un delito menor, sino una amenaza directa a la seguridad, la institucionalidad y el control del Estado, y advertimos que sin investigaciones amplias y consecuencias reales, estos operativos corren el riesgo de quedarse solo en titulares.
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