Por Frank Sánchez ,CEO de Miradorweb .
Los señalamientos realizados en el programa Revista 110, donde Manolo Ozuna afirmó que Nelson Arroyo habría pasado de declarar un patrimonio de alrededor de RD$4 millones en 2020 a unos RD$106 millones actualmente, mientras Julito Hazim cuestionaba sus diferentes posiciones dentro del Gobierno, plantean un tema que merece ser analizado con seriedad.
Hazim incluso cuestionó que Arroyo haya ocupado la dirección de INDOTEL y sostuvo que el presidente Luis Abinader habría realizado movimientos en el Gobierno para favorecerlo.
¿Por qué propongo que esto se investigue y se discuta con documentos?
Porque una cosa es hacer señalamientos y otra es demostrar una acusación.
Si realmente existe una diferencia patrimonial de esa magnitud, lo correcto es comparar las declaraciones juradas, revisar los bienes registrados, determinar cómo fueron adquiridos y establecer cuál es el origen de los recursos.
Y si se cuestionan sus nombramientos, también debe demostrarse que fueron producto de favoritismo y no simplemente decisiones políticas del presidente dentro de sus facultades.
Yo no propongo defender a Nelson Arroyo porque sea del PRM.
Propongo que se haga algo más importante: que se investigue con la misma rigurosidad con la que se acusa.
Si existen irregularidades, que se establezcan responsabilidades.
Si todo está debidamente sustentado, también debe decirse.
Porque en una sociedad democrática nadie debe estar por encima de la investigación, pero tampoco nadie debe ser condenado únicamente por señalamientos.
La pregunta es: ¿de dónde salió el aumento patrimonial que se está señalando y qué dicen realmente sus declaraciones juradas?
Ese es el punto que debemos aclarar.
Y hay otro elemento que considero importante: si vamos a cuestionar a Nelson Arroyo, también debemos mirar sus gestiones al frente de las instituciones públicas.
¿Qué ocurrió cuando recibió y cuando entregó esas instituciones? ¿Hubo escándalos financieros, auditorías con irregularidades graves o expedientes que comprometieran su administración?
Porque si después de ocupar posiciones como INDOTEL y Seguros Reservas las instituciones han continuado funcionando y no conocemos hasta ahora un escándalo de corrupción atribuido directamente a su gestión, ese también es un dato que debe formar parte de la discusión.
Eso no significa que Arroyo deba quedar exento de escrutinio. Si su patrimonio pasó de una cantidad a otra mucho mayor, que explique cómo ocurrió. Pero de la misma manera que se presentan los números que generan sospechas, también hay que presentar los resultados de sus gestiones.
No podemos utilizar una parte de la información para condenar y omitir la otra parte cuando favorece al funcionario.
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