La justicia dominicana ha impuesto condenas de hasta 20 años de prisión a los principales implicados del caso Coral y ordenó la devolución de RD$5,000 millones al Estado.
Pero más allá del titular y del impacto mediático, surge una pregunta que interesa al ciudadano común:
¿Recuperará realmente el Estado ese dinero y se traducirá en mejores servicios para la población?
Las condenas envían un mensaje de que el poder público no debería estar por encima de la ley. Sin embargo, el verdadero examen no termina con una sentencia; comienza con la capacidad institucional de recuperar activos, ejecutar decisiones y evitar que estructuras similares vuelvan a repetirse.
En un país donde muchos sienten que los grandes casos terminan en titulares y pocos resultados tangibles, este proceso abre una oportunidad para demostrar que combatir la corrupción no es solo castigar, sino también reparar.
Porque la confianza pública no se recupera con ruedas de prensa… se recupera con hechos.
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