La tragedia de la discoteca Jet Set no solo dejó dolor y luto. Ahora entra en una fase donde la justicia se mide en pruebas… y en patrimonio.
Los abogados que representan al doctor Julino César Castillo Núñez, sus hijos y Massiel Almonte han dado un paso estratégico: solicitar al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la imposición de medidas de coerción no solo personales, sino también reales contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat, así como su madre, Ana Grecia López.
¿Traducción directa? No se trata únicamente de llevarlos a juicio, sino de asegurar desde ya que, en caso de una condena, exista con qué responder económicamente.
Los juristas Ingrid Hidalgo Martínez, Manuel Antonio García y José Antonio Valdés apuestan a la solidez del expediente del Ministerio Público. Van más allá: sostienen que hay elementos suficientes para desmontar la presunción de inocencia en un eventual juicio de fondo. Es una afirmación fuerte, que marca el tono de lo que será este proceso.
Pero donde realmente se siente el peso del caso es en las cifras:
Para la familia Castillo Ricard: 300 millones de pesos en medidas.
El doctor Julio César Castillo, de forma personal: 100 millones de pesos.
La familia de Massiel Almonte, viuda de Octavio Dotel: embargo por 60 millones de pesos y una indemnización reclamada de 300 millones de pesos.
Además, una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo por cada imputado.
Aquí no estamos ante simples solicitudes simbólicas. Se trata de blindar el proceso, de garantizar que no haya evasión de responsabilidades económicas en caso de condena.
Las herramientas jurídicas solicitadas —hipotecas judiciales provisionales y embargos retentivos— tienen un propósito claro: congelar activos y evitar que los imputados dispongan de sus bienes mientras avanza el proceso.
La noticia detrás de la noticia no es solo la magnitud de las indemnizaciones, sino el giro estratégico del caso. La parte querellante está construyendo un cerco legal integral: penal y patrimonial.
Y eso revela algo clave: en procesos de alto impacto social, la justicia ya no se percibe completa si no incluye reparación.
Porque al final, más allá de culpabilidades, hay una pregunta que pesa tanto como la sentencia:
¿quién responde por el daño causado?
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