Un día después de su arresto, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del fiscal procurador Aurelio Valdez Alcántara, en Santo Domingo Este, como parte de la investigación por un presunto soborno de 10,000 dólares vinculado a un caso relacionado con Senasa.
La intervención, ejecutada con orden judicial, permitió ocupar múltiples documentos financieros, contratos de inmuebles y dinero en efectivo, lo que amplía el alcance de las indagatorias.
Entre lo ocupado:
Documentos de compra y financiamiento de propiedades
Cheques de administración por más de 1.1 millones de pesos
Contratos hipotecarios por hasta 4 millones de pesos
Recibos de pagos e ingresos bancarios
Tarjetas de crédito de alto nivel
2,000 dólares en efectivo
El allanamiento fue realizado en el Residencial Amanda II, con la presencia de su pareja sentimental, y encabezado por el Ministerio Público con apoyo policial.
La noticia detrás de la noticia:
Más allá del caso puntual, el hallazgo de múltiples movimientos financieros e inversiones inmobiliarias pone sobre la mesa una pregunta recurrente en la sociedad dominicana:
¿existe un sistema efectivo de control patrimonial y ético dentro del propio aparato judicial?
Cuando quienes deben perseguir el delito son señalados por prácticas ilícitas, la crisis deja de ser individual y pasa a ser institucional.
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