Por Frank Sánchez
El alcalde Raymundo Ortiz no solo prometió una solución definitiva al problema de la basura en San Pedro de Macorís: la vendió como un logro histórico. La compra de 15 camiones Roll Off fue presentada como el punto final a la dependencia de empresas privadas y, de manera explícita, como la vía para prescindir de la recolectora RJC Clear, propiedad del pelotero Robinson Canó.
Hoy, esa promesa se ha convertido en un engaño político.
Los camiones fueron comprados con millones de pesos del erario, se anunciaron con bombos y platillos, pero desaparecieron de la vista pública. No operan de manera regular, no se ven en los barrios, no se observan los contenedores prometidos y, peor aún, el Ayuntamiento volvió a contratar a la misma empresa recolectora, como si la inversión nunca hubiera existido.
Este escenario no admite explicaciones superficiales. Aquí hay un doble gasto, una contradicción grave y una cadena de decisiones que apuntan a una posible malversación de fondos o, en el mejor de los casos, a una gestión irresponsable e improvisada.
Si los camiones eran la solución definitiva,
¿por qué se mantiene el contrato con la recolectora privada?
Si no eran necesarios,
¿por qué se compraron?
Y si existen y están operativos,
¿por qué el pueblo no los ve?
La ausencia de respuestas no es casual. El silencio oficial solo fortalece la sospecha de que la compra fue un negocio disfrazado de política pública, usado para propaganda, mientras la basura sigue acumulándose en los barrios y afectando la salud, la dignidad y la imagen de la ciudad.
Resulta indignante que, mientras se gastan sumas millonarias en decoración navideña y marketing personal, los sectores populares sigan viviendo entre cúmulos de desperdicios, exactamente como el año pasado. San Pedro no necesita luces; necesita transparencia, planificación y respeto al dinero público.
Desde esta tribuna exigimos:
Un informe público inmediato sobre el paradero y estado de los 15 camiones Roll Off.
La publicación de los contratos, costos y condiciones tanto de la compra de los camiones como de la recontratación de la empresa RJC Clear.
La intervención del Concejo de Regidores, la Cámara de Cuentas y la DIGECOG, para auditar esta operación.
Cuando el dinero del pueblo se invierte y no se ven los resultados, la sospecha deja de ser rumor y se convierte en derecho ciudadano a exigir respuestas.
San Pedro de Macorís no puede seguir siendo gobernado con propaganda, improvisación y silencio. La basura está en las calles, pero las preguntas están en el aire, y alguien tendrá que responder.
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