Ministerio Público refuerza pruebas en juicio Coral y Coral 5G con testimonios que revelan entramado de lavado y ocultamiento de bienes millonarios
Santo Domingo. – El Ministerio Público avanzó esta semana en la presentación de pruebas testimoniales ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el juicio que se sigue contra los implicados en los casos Coral y Coral 5G, dos operaciones judiciales que han destapado una de las tramas de corrupción más complejas dentro de cuerpos castrenses y entidades religiosas en la historia reciente del país.
Las declaraciones recabadas durante las audiencias más recientes reafirman lo que las autoridades han calificado como un sofisticado esquema de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, estructurado mediante testaferros, empresas pantalla, y el uso de instituciones vinculadas al poder religioso y militar.
Venta encubierta de bienes: finca en La Vega
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Gisela Hernández, quien relató que junto a su esposo, ya fallecido, vendió una propiedad en La Vega por 14 millones de pesos al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escoltas del expresidente Danilo Medina. La transacción, sin embargo, se realizó a través del también acusado Erasmo Rogers Pérez Núñez, lo que evidencia un mecanismo de triangulación para ocultar la verdadera identidad del comprador.
Asociación campesina usada como fachada
Otro testigo, el mayor general pensionado Elvis Félix Pérez, declaró que visitó personalmente fincas en La Vega que eran controladas por Adán Cáceres, así como propiedades de la Asociación Campesina Madre Tierra, una entidad sin fines de lucro supuestamente creada para proyectos agrícolas comunitarios, pero que —según la acusación— fue utilizada como fachada para acumular bienes de origen ilícito.
Estas propiedades, actualmente incautadas por las autoridades, se encuentran bajo investigación como parte del presunto patrimonio adquirido a través de fondos desviados de instituciones públicas, especialmente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y otras entidades militares.
Empresas agroindustriales bajo control de los imputados
En otro testimonio revelador, Mariel Vásquez Aquino, exempleada de la empresa MJ3V Agroindustrial, indicó que tanto Erasmo Rogers Pérez Núñez como Adán Cáceres eran los verdaderos propietarios de la entidad. La empresa administraba plantaciones de piña en Monte Plata y de plátanos en Hato Mayor, con un valor millonario.
Estas fincas también fueron objeto de incautación como parte de la Operación Coral, y se encuentran bajo custodia del Ministerio Público por presuntamente formar parte del entramado de lavado de activos.
Intento de ocultar apartamento de lujo en Las Terrenas
Asimismo, un representante legal de la empresa Kratos, S.A. testificó sobre la venta de un apartamento de lujo ubicado en el exclusivo complejo Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, Samaná. Según explicó, la negociación inicial fue encabezada por Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), quien visitó y mostró el inmueble.
Sin embargo, posteriormente intervinieron Rafael Núñez de Aza y Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora, quienes ordenaron que el inmueble fuera adquirido a nombre de la empresa Único Real State, entidad también investigada por el Ministerio Público como parte del esquema de testaferros.
Esta acción, según el Ministerio Público, es evidencia clara del uso de terceros y estructuras corporativas para esconder propiedades de alto valor, buscando evitar su vinculación con los funcionarios implicados.
El trasfondo del caso
La Operación Coral, y su ramificación Coral 5G, fueron iniciadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a partir del año 2021. Los casos involucran a una red de altos oficiales militares, líderes religiosos y empleados administrativos acusados de desfalcar al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos, según estimaciones preliminares.
Entre los principales imputados figuran:
- Adán Cáceres Silvestre, exjefe del CUSEP.
- Rossy Guzmán Sánchez, pastora evangélica y supuesta administradora de los bienes ocultos.
- Rafael Núñez de Aza, coronel de la Policía y presunto cerebro financiero del entramado.
- Juan Carlos Torres Robiou, vinculado al CESTUR y acusado de utilizar fondos públicos en provecho personal.
Lo que viene
El Ministerio Público ha asegurado que aún quedan más testigos y evidencias por presentar en el juicio, que podría extenderse durante varios meses debido al volumen de documentación, bienes incautados y complejidad del caso.
Con cada audiencia, los fiscales buscan demostrar cómo los imputados construyeron una red que, amparada en el poder y la impunidad, logró acumular decenas de propiedades, vehículos de lujo, cuentas bancarias y empresas agrícolas, todas conectadas entre sí mediante mecanismos diseñados para ocultar el origen ilícito de los fondos.
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