El Ministerio Público sostiene que médicos vinculados a la estructura investigada en el caso SeNaSa 2.0-A habrían utilizado mecanismos fraudulentos para obtener de manera ilícita pagos y beneficios económicos, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa, y del patrimonio del Estado dominicano.
La acusación consta en una orden de arresto y allanamiento emitida por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, a solicitud del titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
Según los hallazgos citados en la investigación, los involucrados habrían utilizado información y datos personales de afiliados de SeNaSa para elaborar y presentar reclamaciones médicas correspondientes a servicios que, de acuerdo con el Ministerio Público, nunca fueron prestados ni autorizados por los pacientes afectados.
El órgano persecutor sostiene que mediante este mecanismo se buscaba obtener pagos de manera ilícita, utilizando presuntamente documentos públicos y privados falsificados.
Como parte de la investigación, SeNaSa realizó auditorías y levantamientos sobre procedimientos y consultas médicas facturados por profesionales de la salud bajo investigación, detectando múltiples irregularidades.
Entre los hallazgos señalados figura un incremento injustificado en el volumen de reclamaciones sometidas para cobro, las cuales, según la investigación, no guardarían correspondencia con los servicios médicos que realmente fueron prestados.
Presunta estructura organizada
El Ministerio Público también afirma que los elementos recopilados hasta el momento apuntan a la existencia de una estructura con división de funciones, jerarquía operativa y acuerdos previamente establecidos para ejecutar el presunto fraude.
De acuerdo con la investigación, los integrantes habrían definido sus respectivos roles y establecido mecanismos para distribuir los fondos obtenidos mediante las reclamaciones cuestionadas.
Las autoridades sostienen que el objetivo común habría sido defraudar al Estado dominicano mediante la obtención irregular de recursos de SeNaSa.
No obstante, al tratarse de una investigación en curso, las imputaciones corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser sometidas al debido proceso judicial.
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