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jueves, 4 de junio de 2026

Policía ofrece su versión sobre muerte de presunto implicado en homicidio; familiares cuestionan actuación



Mientras familiares y sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos califican el hecho como un presunto asesinato policial, la Policía Nacional ofreció este miércoles su versión sobre la muerte de Joel Henry Aponte, conocido como “Brujito”, ocurrida en San Pedro de Macorís.

Según la institución, Aponte, de 23 años, era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0019186 por su presunta participación en la muerte de Raúl Núñez, alias “Rulo”, de 20 años, ocurrida el pasado 4 de marzo en el sector Villa Progreso II.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes de la Subdirección Regional Sureste de Investigación Criminal (DICRIM) localizaron al joven durante labores de inteligencia y búsqueda. La Policía sostiene que, al momento de ser intervenido, este habría realizado disparos contra los agentes, produciéndose un intercambio de disparos en el que resultó herido.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Docente Doctor Antonio Musa, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

La institución informó además que durante la intervención fue ocupada una pistola Glock 19, calibre 9 milímetros, que presuntamente portaba de manera ilegal. En el mismo operativo fue detenido Edwin Michael Scioscia, de 21 años, a quien se le ocupó una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, también sin documentación legal, según el reporte oficial.

La Policía asegura que las investigaciones realizadas por la División de Homicidios del DICRIM identificaban a Aponte como uno de los presuntos responsables de la muerte de Núñez, sustentando esa vinculación en testimonios y evidencias científicas recopiladas durante el proceso investigativo.

La noticia detrás de la noticia

El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate nacional sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales. Mientras la Policía sostiene que actuó en respuesta a una agresión armada, familiares y defensores de derechos humanos reclaman una investigación exhaustiva e independiente que permita establecer con claridad las circunstancias del hecho.

Más allá de las versiones encontradas, corresponde a las autoridades competentes determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos establecidos y esclarecer cualquier duda que pueda existir sobre lo ocurrido.

Fuente: Policía Nacional / Redacción Mirador Web



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