Condenan a “La Tora” a un año de prisión por difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya

Santo Domingo.– La jueza suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Octavia Carolina Fernández Curi, condenó este jueves a un año de prisión a la comunicadora Claudia Pérez, conocida popularmente como “La Tora”, tras declararla culpable de difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado Sergio Moya, alias “Gory”.

La decisión judicial establece además el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor del legislador por los daños morales ocasionados, así como el pago de las costas penales derivadas del proceso.

El caso se originó luego de que el diputado, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), interpusiera una querella alegando que la comunicadora realizó acusaciones y señalamientos públicos que afectaron su honor, reputación e imagen personal.

Durante el proceso, el tribunal evaluó las pruebas presentadas por ambas partes y concluyó que las expresiones emitidas por Pérez constituían una violación a las disposiciones legales que sancionan la difamación e injuria a través de plataformas digitales y medios electrónicos.

La sentencia representa uno de los fallos más relevantes en materia de responsabilidad por contenidos difundidos en medios de comunicación y redes sociales en la República Dominicana, reavivando el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor y la dignidad de las personas.

Hasta el momento, la defensa de Claudia Pérez no ha informado si recurrirá la decisión ante una instancia superior, mientras que representantes del diputado Sergio Moya valoraron la sentencia como una reivindicación de sus derechos fundamentales. :::

La noticia detrás de la noticia: Más allá del enfrentamiento entre una comunicadora y un legislador, el fallo vuelve a colocar sobre la mesa una discusión cada vez más frecuente en la era digital: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la responsabilidad por las acusaciones públicas? La sentencia podría convertirse en un referente para futuros casos relacionados con contenidos difundidos en plataformas digitales y medios de comunicación.