Santo Domingo Este. — El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDH) denunció el presunto apresamiento y posterior deportación de un adolescente dominicano de 14 años durante un operativo realizado por agentes de la Dirección General de Migración en el distrito municipal de San Luis.
La denuncia fue formulada por Diógenes Ozuna, coordinador del CDH en la zona, quien solicitó al director general de Migración, el general de brigada , la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si se produjeron violaciones a los derechos fundamentales del menor.
Según el reporte ofrecido por la organización, el adolescente, identificado como José Ángel, fue detenido durante un operativo migratorio. Sin embargo, familiares aseguran que, al momento de la intervención, su madre presentó el acta de nacimiento que acreditaba su nacionalidad dominicana, documento que alegadamente no fue tomado en consideración por los agentes actuantes.
El CDH sostiene que, de confirmarse los hechos denunciados, podrían configurarse posibles irregularidades en el procedimiento, incluyendo abuso de autoridad, violación de derechos humanos y vulneración de las garantías especiales que protegen a niños, niñas y adolescentes.
Hasta el momento, la Dirección General de Migración no ha ofrecido una versión oficial sobre el caso ni ha confirmado si el menor fue efectivamente deportado fuera del territorio nacional.
La denuncia ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y sectores comunitarios, quienes reclaman una investigación transparente que permita establecer responsabilidades y evitar que situaciones similares puedan repetirse.
La noticia detrás de la noticia
Este caso vuelve a colocar en el centro del debate el desafío de equilibrar el control migratorio con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Cuando se trata de menores de edad, los protocolos de verificación deben ser aún más rigurosos, pues un error de identificación puede derivar en graves consecuencias para el niño y su familia.
Más allá de las responsabilidades individuales que pudieran determinarse, la controversia plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación utilizados durante los operativos migratorios y sobre la capacidad institucional para evitar que ciudadanos dominicanos sean confundidos con personas sujetas a deportación. La investigación que se reclama no solo busca aclarar un caso particular, sino también fortalecer la confianza pública en los procedimientos del Estado.
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