Las declaraciones del senador reflejan un sentimiento cada vez más extendido entre conductores y ciudadanos: la percepción de que las autoridades han perdido capacidad de control frente al creciente desorden vial en la República Dominicana.
Sin embargo, más allá de la propuesta de cerrar el Intrant y la Digesett, el verdadero debate es otro: ¿quién asumiría las funciones que estas instituciones desempeñan? La crisis del tránsito no parece originarse únicamente en la existencia de los organismos reguladores, sino en la dificultad para hacer cumplir las leyes de manera efectiva y sostenida.
Marte centra gran parte de sus críticas en la circulación irregular de motociclistas, las paradas ilegales y la presencia de conductores sin documentación. Son problemas reales que contribuyen al alto número de accidentes de tránsito que cada año cobran cientos de vidas en el país. No obstante, la responsabilidad también alcanza a la falta de educación vial, la débil fiscalización y una cultura de incumplimiento que se ha normalizado durante décadas.
Cerrar instituciones puede sonar como una medida drástica frente a la frustración ciudadana, pero la pregunta de fondo sigue siendo si el problema es la estructura o la falta de autoridad para aplicar las normas existentes.
Mientras se discuten responsabilidades, los accidentes continúan ocurriendo diariamente. Y esa es la realidad que más preocupa a la población.
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