La discusión sobre la renovación de licencias para mayores de 65 años ha destapado una realidad más amplia en República Dominicana: la discriminación por edad sigue siendo una barrera silenciosa tanto para conducir como para acceder al empleo.
La iniciativa impulsada por el senador abre un debate necesario sobre los derechos de los adultos mayores y la forma en que muchas instituciones asumen, erróneamente, que cumplir cierta edad automáticamente reduce las capacidades físicas o mentales de una persona.
La Constitución Dominicana establece igualdad ante la ley, y precisamente ahí radica el centro de esta discusión. Renovar licencias con más frecuencia únicamente por edad puede interpretarse como una medida discriminatoria si no se evalúa realmente la condición individual de cada conductor.
Pero esta situación no solo ocurre en el tránsito.
En el país también existe una dura realidad laboral: después de los 45 o 50 años, muchas empresas cierran sus puertas a hombres y mujeres con experiencia, preparación y capacidad productiva. A muchos solo les ofrecen empleos limitados, generalmente en seguridad privada, zonas francas o trabajos de baja valoración, ignorando años de experiencia acumulada.
La edad no debería convertirse en una condena social.
Un adulto mayor que conserve buena salud, capacidad física, estabilidad emocional y condiciones visuales adecuadas debe tener derecho a conducir, trabajar y mantenerse activo dentro de la sociedad. La experiencia también es un valor.
Más que un tema burocrático, esta discusión toca la dignidad humana y obliga al país a revisar prácticas que durante años se han normalizado sin cuestionamiento.
La sociedad envejece, pero los derechos no deben envejecer con ella.
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