En teoría, el proceso avanza. En la práctica, se estanca.
Las oficinas de la Junta Central Electoral en Santo Domingo muestran una escena engañosa: pocas filas, atención ágil y ciudadanos entrando y saliendo sin mayores complicaciones. Todo parece indicar que el sistema funciona.
Pero no del todo.
La realidad, “la noticia detrás de la noticia”, es otra: el problema no está en solicitar la nueva cédula, sino en recibirla.
Casos como el de usuarios que pasan más de 12 horas sin completar el proceso, sistemas que colapsan y ciudadanos que deben regresar varios días consecutivos revelan una falla estructural. No es logística de atención, es capacidad de respuesta final.
El Estado ha logrado ordenar el frente visible —filas, citas, organización—, pero el verdadero desafío sigue escondido en la trastienda: la emisión del documento.
Y ahí es donde se rompe la promesa de eficiencia.
Porque en un país donde la cédula no es solo identidad, sino acceso a servicios, trabajo y derechos, retrasarla no es un simple inconveniente… es paralizar al ciudadano.
La pregunta no es si el proceso funciona.
La pregunta es:
¿de qué sirve que todo fluya… si al final no llega?
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