LA NOTICIA DETRÁS DE LA NOTICIA
Un video que circula en redes ha vuelto a encender las alarmas: agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) aparecen disparando contra un hombre ya reducido en el suelo. La escena, cruda y difícil de justificar bajo cualquier protocolo legal, reabre una herida que en República Dominicana nunca termina de cerrar: la línea cada vez más difusa entre la acción policial legítima y la ejecución extrajudicial.
No se trata de un hecho aislado. Durante años, los llamados “intercambios de disparos” han servido como narrativa oficial para explicar muertes a manos de agentes del orden. Sin embargo, la frecuencia de estos casos, sumada a la aparición recurrente de videos que contradicen esa versión, ha ido erosionando la credibilidad institucional.
Aquí está el punto clave: cuando la fuerza pública actúa fuera de la ley, no está combatiendo el crimen… está compitiendo con él.
La Policía tiene un mandato claro: garantizar la vida, incluso la de quien ha cometido delitos. El uso de la fuerza está regulado por principios internacionales básicos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Un individuo en el suelo, sometido, deja de ser una amenaza inmediata. A partir de ese momento, cualquier acción letal no es control… es castigo.
Y el castigo sin juicio no es justicia.
El silencio institucional agrava el problema. Cada vez que un caso como este queda sin una investigación transparente y sin consecuencias, el mensaje que recibe la sociedad es peligroso: hay vidas que no importan, hay procedimientos que no se cuestionan y hay agentes que pueden actuar sin rendir cuentas.
Pero hay otra dimensión incómoda que no se puede ignorar: el aplauso social. Existe un sector que celebra estas muertes bajo la lógica del “uno menos”. Es el llamado populismo penal, donde el hartazgo por la delincuencia empuja a justificar cualquier método, incluso los ilegales. Ese es el terreno más fértil para los abusos.
Porque hoy se aplaude al que mata a un supuesto delincuente… mañana podría ser cualquier ciudadano el que quede a merced de ese mismo poder sin control.
La verdadera justicia no es selectiva. Si se exige mano dura contra el ladrón común, con mayor razón debería exigirse contra los grandes corruptos, los que desfalcan instituciones y destruyen el patrimonio público con corbata y escritorio. Pero esos rara vez enfrentan la misma “rapidez” del sistema.
Entonces la pregunta incómoda es inevitable:
¿estamos ante un sistema de justicia… o ante una válvula de escape para la frustración social?
Este caso no solo exige una investigación. Exige algo más profundo: una revisión seria del modelo de seguridad, del entrenamiento policial y del control interno. Pero, sobre todo, exige coherencia como sociedad.
No se puede pedir legalidad… celebrando la ilegalidad.
No se puede exigir justicia… aplaudiendo ejecuciones.
Porque cuando la ley deja de ser el límite, el miedo se convierte en norma.
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