Santiago — La muerte de Angélica Geraldine Hernández ha destapado serias cuestionantes sobre la supervisión de los centros estéticos en el país.
Familiares de la joven denunciaron este martes que el establecimiento donde ocurrió la tragedia continuaba operando, a pesar de haber sido previamente clausurado para la realización de cirugías por el Ministerio de Salud Pública.
El centro, identificado como clínica Diosa, está ubicado en el sector Los Jardines Metropolitanos, en una de las zonas más visibles de Santiago, lo que ha incrementado la indignación de los parientes.
José Ramón Rodríguez, allegado a la víctima, cuestionó directamente la ausencia de las autoridades:
“¿Dónde estaban?”, preguntó, al tiempo que señaló que el negocio seguía ofreciendo procedimientos estéticos sin la debida regulación.
En la misma línea, Eduardo Hernández, padre de la fallecida, enfatizó que su hija no acudió a un lugar clandestino, sino a un centro aparentemente formal.
“Ella no fue a un callejón, fue a un lugar visible, en una de las zonas más prestigiadas de Santiago”, expresó.
Para la familia, este detalle agrava la situación, ya que evidencia posibles fallas en los mecanismos de vigilancia estatal sobre este tipo de establecimientos.
Ámbar Sánchez, prima de Hernández, advirtió que el caso no sería aislado, sino reflejo de un problema mayor:
“Esto no puede seguir pasando. Aquí hay una falta de control que está afectando a muchas personas. Hay más víctimas de este tipo de situaciones”, sostuvo.
El caso reabre el debate sobre la regulación de los centros estéticos en el país y la responsabilidad de las autoridades en garantizar que establecimientos previamente clausurados no continúen operando al margen de la ley.
Si quieres, puedo llevar esto a un editorial Mirador Web más contundente, tipo “cuando el Estado clausura… pero no cierra”, con más filo crítico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario