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La noticia detrás de la noticia
La Policía Nacional informó que fue abatido Luí Manuel Peralta Torres, alias “Bocina”, señalado como presunto implicado en la muerte del menor Juan Miguel De León en el sector Oxígeno, Pedro Brand. Según el reporte preliminar, el joven fue localizado en una cabaña donde —alegadamente— enfrentó a los agentes, produciéndose un intercambio de disparos en el que resultó herido de gravedad y posteriormente falleció.
El hecho ocurre en medio de la indignación que generó la muerte del adolescente. Sin embargo, más allá del alivio emocional que algunos puedan sentir, la noticia abre un debate necesario.
Cuando el acusado muere, el proceso se detiene
Si el principal sospechoso fallece en un operativo, el proceso judicial queda inconcluso respecto a su responsabilidad penal. No hay juicio, no hay condena formal, no hay narrativa judicial definitiva.
Eso deja preguntas abiertas:
¿Cuál fue exactamente su grado de participación?
¿Actuó solo o formaba parte de una estructura mayor?
¿Qué pruebas lo vinculaban al crimen?
La muerte del sospechoso no sustituye la verdad procesal.
El uso letal de la fuerza
La Policía sostiene que hubo enfrentamiento. En estos casos, la transparencia es clave. Cada operativo donde resulta una persona abatida exige:
Investigación independiente.
Levantamiento técnico balístico.
Testimonios verificados.
Informe público claro.
No se trata de debilitar a la autoridad, sino de fortalecer su legitimidad.
La indignación no puede sustituir la institucionalidad
Cuando la víctima es un menor, la emoción colectiva es comprensible. La sociedad exige respuestas rápidas. Pero el Estado no puede operar desde la ira social, sino desde el marco legal.
Un sistema fuerte no es el que elimina sospechosos, sino el que prueba responsabilidades.
El desafío pendiente
La Policía afirma que continúa la búsqueda de otros posibles implicados. Esa es la parte esencial del caso. Si existía una estructura criminal detrás del hecho, su desmantelamiento será el verdadero indicador de justicia.
Porque la seguridad no se mide solo por operativos exitosos, sino por la reducción real de la violencia y la prevención de nuevos crímenes.
La muerte de un adolescente es una tragedia irreparable.
La muerte de un sospechoso en un operativo es un episodio delicado que exige claridad.
La ciudadanía merece justicia, pero también merece verdad.
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