La noticia detrás de la noticia
Las Guáranas, Duarte. — Un médico fue arrestado en flagrante delito en el municipio de Las Guáranas tras ser acusado de violar a una paciente de 20 años, de nacionalidad haitiana, durante una consulta ginecológica.
De acuerdo con la denuncia, la joven acudió al centro médico por sospechas de embarazo. Según su testimonio, el profesional aprovechó el examen para cubrirle el rostro y colocarla en una situación de vulnerabilidad, momento en el que presuntamente cometió la agresión sexual.
El acusado habría intentado anticiparse a la acción judicial presentándose en la fiscalía con la versión de que estaba siendo víctima de difamación. Sin embargo, tras la denuncia formal de la joven y la intervención de agentes de la Policía Nacional, fue arrestado.
Amenazas y presiones
La víctima también denunció que el médico la amenazó con llamar a la Dirección General de Migración para gestionar su deportación —junto a la de su familia— si hacía pública la acusación. Además, le habría ofrecido ayuda para regularizar su estatus migratorio a cambio de silencio.
Fuentes ligadas a la investigación indican que existen al menos cinco denuncias previas por hechos similares atribuidos al mismo galeno.
El Ministerio Público informó que se encuentra estructurando el expediente con pruebas periciales del INACIF y que en las próximas horas solicitará medida de coerción ante el tribunal competente.
🔎 La noticia detrás de la noticia
Este caso no solo apunta a una presunta agresión sexual, sino también a un patrón preocupante: la utilización del poder profesional y del estatus migratorio de una paciente como mecanismo de intimidación.
Cuando un médico —figura asociada a confianza y ética— es acusado de instrumentalizar su autoridad para vulnerar a una paciente extranjera, el debate trasciende lo penal y entra en el terreno institucional.
¿Fallaron los controles?
¿Se ignoraron denuncias previas?
¿Existe supervisión efectiva sobre antecedentes disciplinarios en el ejercicio médico?
Además, el elemento migratorio introduce una dimensión sensible en el contexto dominicano actual: el miedo a la deportación puede convertirse en herramienta de chantaje, inhibiendo denuncias y perpetuando abusos.
La justicia deberá determinar responsabilidades. Pero socialmente, el caso obliga a revisar los mecanismos de protección a pacientes —especialmente mujeres jóvenes y extranjeras— frente a figuras de autoridad.
Porque cuando la consulta médica se convierte en espacio de amenaza, lo que se erosiona no es solo la dignidad de una víctima, sino la confianza pública en todo un sistema.
#MiradorWeb
No hay comentarios:
Publicar un comentario