Por Frank Sánchez
Barahona, República Dominicana.–
Diversos sectores sociales, motoconchistas y comunicadores de la provincia Barahona han denunciado presuntas actuaciones irregulares atribuidas al coronel Miguel Antonio Guzmán Pérez, actual encargado de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en esa demarcación.
De acuerdo con las denuncias públicas, el oficial supuestamente mantendría un clima de tensión interna que estaría afectando la moral del personal bajo su mando, así como la relación entre la institución, los ciudadanos y los medios de comunicación locales.
Entre los señalamientos realizados se citan:
Presunto maltrato verbal hacia subalternos y ciudadanos.
Supuesta sobrecarga laboral, incluyendo alegadas cuotas diarias de multas.
Denuncias de retención prolongada de motocicletas y pertenencias sin respuestas claras.
Alegadas expresiones intimidatorias, vinculadas a supuestas relaciones de poder dentro de la institución.
El coronel Guzmán Pérez ha negado estas acusaciones, asegurando que su gestión se limita a hacer cumplir la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, especialmente en lo relativo al uso obligatorio del casco protector, y que los operativos se realizan respetando el debido proceso y los derechos humanos.
No obstante, comunicadores de Barahona han difundido videos y testimonios en redes sociales que, según afirman, contradicen dichas declaraciones, lo que ha incrementado la polémica y llevado el caso a un nivel que trasciende lo local y alcanza interés nacional.
🚦 Seguridad vial vs. denuncias de abuso
Si bien la ley faculta a la DIGESETT a retener motocicletas cuyos conductores circulen sin casco, sectores sociales insisten en que el cumplimiento de la norma no debe ir acompañado de abusos, maltratos ni intimidaciones, y reclaman que la autoridad se ejerza con respeto y transparencia.
⚖️ Llamado a las autoridades
Ante la creciente atención pública, distintos actores llaman a la Dirección General de la DIGESETT, al Ministerio de Interior y Policía y a los organismos de control correspondientes a abrir una investigación objetiva e imparcial, que permita esclarecer los hechos, establecer responsabilidades si las hubiere y restaurar la confianza ciudadana.
“Este caso debe resolverse con claridad, porque cuando surgen denuncias reiteradas y documentadas, la institucionalidad se fortalece investigando, no guardando silencio”, expresan voces del ámbito comunicacional.
La ciudadanía espera que el proceso se maneje con transparencia, garantizando tanto el respeto a la ley como los derechos de los ciudadanos y de los propios agentes del orden.
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