Por Miradorweb
Un incidente ocurrido recientemente en San Pedro de Macorís ha generado diversas reacciones tras hacerse viral un video que muestra un enfrentamiento entre un coronel de la Policía Nacional y un joven vendedor ambulante de plátanos. El hecho, captado supuestamente por la cámara de seguridad de un vehículo, evidencia no solo un acto de violencia, sino también una problemática más profunda que afecta a nuestras comunidades: la contaminación sónica.
En el video se escucha al joven platanero narrar, en tono de víctima, que el oficial le pidió bajar el volumen de su altavoz y que, al negarse, fue golpeado con el arma del agente. Por su parte, el coronel alega que actuó en defensa propia, luego de que el vendedor lo insultara y se comportara de manera desafiante.
Desde Miradorweb reiteramos que no apoyamos la violencia bajo ninguna circunstancia, y que el coronel, como servidor público, debe ser sancionado por haber respondido de forma física, cuando su deber era actuar con prudencia y dentro del marco de la ley.
Ahora bien, imaginemos que en lugar de un coronel armado, quien hubiera pedido bajar el volumen fuera un ciudadano común, desarmado. Tomando en cuenta el perfil del joven platanero —característico de una generación impulsiva y poco tolerante a la corrección— es probable que el reclamo hubiera terminado en una agresión por parte del mismo vendedor, quizá con un arma blanca. Y en ese caso, estaríamos lamentando un desenlace aún más trágico.
Este incidente no debe analizarse únicamente como un choque entre un policía y un vendedor ambulante. Debemos mirar con profundidad la raíz del conflicto, porque hechos como este pueden repetirse en cualquier barrio, con distintos protagonistas, mientras persista el desorden en el uso del perifoneo callejero.
Nadie desconoce que muchos vendedores ambulantes utilizan altavoces a todo volumen, reproduciendo grabaciones de mala calidad, con voces sin modulación, que más que anunciar, atacan el oído. Se plantan frente a residencias, colmados o supermercados con sonidos molestos, generando tensión, dolor de cabeza y afectando la tranquilidad de la comunidad.
El problema es que reclamar se ha vuelto un riesgo. Muchos de estos vendedores, imposibilitados de acceder a un empleo formal por falta de buena conducta, andan armados con machetes u otros objetos, listos para responder con violencia ante cualquier reclamo. Esta situación convierte al ciudadano en rehén del ruido, obligado a soportarlo en silencio para no exponerse.
Este impasse debe servir como llamado de atención, no solo para sancionar al responsable inmediato, sino para prevenir que hechos similares escalen a tragedias peores. La solución debe ir más allá del castigo individual y enfocarse en la regulación del problema de fondo: el uso irresponsable del perifoneo.
Proponemos que los ayuntamientos y autoridades competentes:
- Establezcan límites de decibeles para la venta ambulante.
- Exijan calidad en el audio y uso de voces profesionales para las grabaciones.
- Regulen el tiempo de permanencia: no más de 15 minutos por punto.
- Impongan sanciones a quienes violen estas disposiciones.
Regular el perifoneo no es un ataque al trabajo honrado, sino una forma de equilibrar el derecho al sustento con el derecho a la paz. Porque el respeto mutuo es también una forma de convivencia.
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