Por Frank Sánchez | MiradorWeb
La creciente instalación de comercios chinos en San Pedro de Macorís ha generado preocupación entre comerciantes locales y ciudadanos, quienes observan cómo estos negocios se multiplican en puntos estratégicos de la ciudad, desplazando poco a poco al comercio tradicional y reduciendo las oportunidades para la mano de obra dominicana.
Tan solo en la calle Sánchez, en pleno centro del municipio, ya operan tres tiendas chinas contiguas, además de otra en la esquina con la avenida Independencia. En la calle General Cabral hay dos ubicadas frente a frente, y en la calle Duarte, al menos una más. La avenida Luis Amiama Tió cuenta con tres establecimientos, y la Francisco Alberto Caamaño ya alberga seis tiendas de propietarios asiáticos. Una de las más grandes se encuentra frente al hospital Antonio Musa, lugar donde clientes denuncian constantes robos de motocicletas, sin que los responsables del negocio se muestren interesados en reforzar la seguridad.
A esta lista se suma una nueva tienda en proceso de instalación, que promete ser aún más grande. Y aunque existen muchas otras, preferimos no enumerarlas todas para no extender demasiado este reporte.
Además de tiendas, los inversionistas chinos han proliferado en pica pollos, ocupando casi todas las esquinas concurridas. Recientemente también han comenzado a incursionar en ferreterías y mueblerías, ampliando su dominio comercial.
Sin embargo, más allá de su presencia, la principal crítica se enfoca en su poca contratación de mano de obra local. Muchos de estos comercios funcionan casi exclusivamente con personal de origen haitiano o con trabajadores traídos directamente de sus países, mientras cientos de petromacorisanos deben migrar a destinos como Bávaro o Punta Cana en busca de empleo. Paradójicamente, al regresar a su ciudad, terminan consumiendo en negocios que no retribuyen en lo más mínimo a la economía local.
Ciudadanos también se preguntan cómo es posible que a inversionistas extranjeros se les facilite terrenos y permisos con tanta rapidez, mientras cadenas de supermercados dominicanos enfrentan trabas burocráticas para instalar sucursales en la ciudad.
Las autoridades locales deberían reflexionar sobre este fenómeno y considerar políticas que obliguen a estos comercios a contratar personal dominicano y a cumplir con un rol más activo en la dinamización real de la economía petromacorisana.
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