San Pedro de Macoris.- Escenas de llanto y dolor se vivieron la mañana de este Domingo en el cementerio Necropolis San Pedro de esta ciudad en el ùltimo adiós a los restos de quien en vida fuera la licenciada en derecho Anibel Gonzàles quien a pesar de ser aun joven y sana no tuvo derecho a la vida por que se lo negò el padre de sus hijos en componenda con el falso sistema de derecho existente en nuestro paìs,donde colegas de la hoy occisa representantes del ministerio publico brindaron la facilidad de consumar su diabólico deseo al hombre que ya la habìa herìdo con fines de eliminarla.
Este caso ha puesto en tapete la fragilidad del sistema llamado a frenar el cada vez mas creciente nivel de feminicidios en nuestro paìs.
El procurador Jean Rodríguez designó al magistrado Bolívar Sánchez, inspector general del Ministerio Público, y a la Lic. Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República.
La institución informó que el feminicida Yasmil Oscar Fernández Estévez salió en libertad en virtud de un Acuerdo Penal Abreviado que habían firmado la propia víctima hoy fallecida, el agresor y el Ministerio Público, depositado y aprobado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en el mes de enero de este año.
Al lamentar el hecho, el procurador general Jean Rodríguez dijo “es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, que aun haya sido propuesto por la víctima hoy asesinada, el mismo violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República”.
La investigación preliminar ha evidenciado que había causales para revocar el acuerdo, que aun la víctima y el victimario hayan consensuado, el mismo no debió ser aceptado por el Ministerio Público.
Informó la institución que con la investigación ordenada por el procurador Rodríguez se busca determinar si el Ministerio Público tenía información de que el agresor continuaba hostigando a la víctima, lo cual de ser cierto, debió solicitar la revocación del acuerdo por ante el Juez de Ejecución de la Pena.
La Procuraduría General de la República mediante un comunicado de prensa reiteró que investigará los detalles del caso y aplicará todo su sistema de consecuencias en este lamentable hecho que ha consternado al país.
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