Por Reuters
Un juez federal prohibió el lunes al gobierno de Donald Trump que niegue el
asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma
ilegal.
El juez federal de distrito Jon S. Tigar dictó una orden de restricción temporal tras escuchar los argumentos de ambas partes en San Francisco. La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y por el Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de que Trump decretó el veto este mes en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur.
El 9 de noviembre, Trump emitió un decreto por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. Las normas, que permanecerían vigentes tres meses a menos que se produjese una orden judicial, habrían dificultado que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación.
"Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso", dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. "No se puede ser más claro".
En los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado cada año en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo en Texas para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso.
El juez federal de distrito Jon S. Tigar dictó una orden de restricción temporal tras escuchar los argumentos de ambas partes en San Francisco. La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y por el Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de que Trump decretó el veto este mes en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur.
El 9 de noviembre, Trump emitió un decreto por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. Las normas, que permanecerían vigentes tres meses a menos que se produjese una orden judicial, habrían dificultado que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación.
"Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso", dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. "No se puede ser más claro".
En los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado cada año en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo en Texas para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso.
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